PNV, PSE y Batasuna llegaron a un consenso sobre la creación de un órgano vasco-navarro.
Plasmaron en un borrador el derecho a decidir y el reconocimiento de euskal herria.
Una delegación de los socialistas navarros se iba a incorporar a las conversaciones en enero de 2007. (DEIA) J. G. Lurgain / J. Guindo
Donostia. Las reuniones mantenidas entre el PSE-EE, PNV y Batasuna en el Santuario de Loiola para tratar de alcanzar un acuerdo de base sobre el que iniciar un proceso de normalización política dieron su fruto en un tiempo récord. Si en septiembre de 2006 los contactos de años se materializaron en las primeras reuniones a tres, el 31 de octubre ya había sobre la mesa un borrador consensuado de gran calado político que abordaba dos puntos claves: los mecanismos para posibilitar el derecho a decidir del pueblo vasco y un compromiso para promover la creación de un órgano institucional común para el País Vasco y Navarra. Es decir, derecho a decidir y territorialidad.
Un ambicioso acuerdo en el que tanto los socialistas como la izquierda abertzale constataron que estaban dispuestos a dejar muchos pelos en la gatera. Incluso Iparralde salió a la palestra al incluirse en el texto el "compromiso de crear una eurorregión vasca u otras estructuras institucionales que la evolución del Tratado de la Unión Europea vaya permitiendo".
Los socialistas llamaron la atención entre bromas del salto que suponía verse de la noche a la mañana reconociendo Zuberoa y Lapurdi como entidades vascas.
En apenas un mes, los representantes designados por estos tres partidos concretaron en el papel lo que hasta el momento había sido un intercambio de opiniones en los despachos del Parlamento vasco y en conversaciones telefónicas. El texto lo dividieron en tres apartados: las bases políticas para el diálogo; el esquema general del proceso democrático del diálogo multilateral y un protocolo de gestión del acuerdo. En tres palabras: contenido, metodología y certificación ante notario.
Los dirigentes de las tres sensibilidades ideológico-políticas mostraron una disposición absoluta para apuntalar un acuerdo, aunque ello significara incluso ceder en algunos planteamientos entendiendo esta actitud como un "ejercicio de responsabilidad". Es el caso de los socialistas, que llegaron a mostrar su voluntad para hacer posible la actualización de los vigentes ordenamientos jurídicos (Estatuto de Gernika y Constitución) con el fin de recoger los posibles compromisos a alcanzar, siempre que hubiera un "compromiso de pacificación".
40 días intensos En este intercambio de posiciones políticas, Batasuna expuso los puntos a los que, a su juicio, debía responder el preacuerdo y el PNV trabajó conceptualmente tanto con la izquierda abertzale como con el PSE-EE su propuesta Elkabizitzarako bake bideak. Fueron 40 intensos días de conversaciones (la primera reunión a tres en Loiola tuvo lugar el 20 de septiembre del año pasado), que desembocaron en un acuerdo de mínimos "satisfactorio" por las tres partes el 31 de octubre. "Nos estamos acercando a la solución", admitieron los dirigentes de Batasuna, que llegaron a afirmar que "si hay honestidad, en meses se puede ce-rrar un acuerdo definitivo".
El documento Bases para el diálogo y el acuerdo político, que tanto el PNV, como el PSE-EE y Batasuna dieron por bueno aquel 31 de octubre, podría entenderse como una fusión de la normativa vigente, el nuevo Estatuto Político para Euskadi, más conocido como el Plan Ibarretxe, y la Alternativa Democrática.
El preacuerdo recoge cinco puntos claves para lograr la normalización política en Euskal Herria, pero resaltan especialmente dos (el 1.2 y el 1.4) por lo que representaban para la izquierda abertzale, tal y como se constató en las últimas reuniones de noviembre, en las que la subida de listón de Batasuna diluyó en un abrir y cerrar de ojos el importante consenso alcanzado. Los eternos escollos: derecho de decisión y territorialidad tampoco se lograron superar en esta ocasión, pese a que se comenzaban a desatar los nudos del conflicto vasco, según Batasuna.
El documento, transcrito en estas páginas, recoge el compromiso del PSE-EE, Batasuna y PNV de defender que "las decisiones que sobre el futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca sean respetadas por las instituciones del Estado". Además, añade que el acuerdo resultante "garantizará que todos los proyectos políticos pueden ser no sólo defendidos, sino materializados".
Batasuna aceptó este acuerdo, pero repentinamente exigió una mayor precisión sobre el derecho de decisión y se echó atrás alegando que los acuerdos de la ciudadanía vasca no debían ser refrendados por las instituciones españolas: "Dichas decisiones se tomarán teniendo como único límite la voluntad popular", planteó, a última hora.
Respecto a la articulación territorial, se comprometieron a crear un órgano común para Euskadi y Navarra. Los problemas surgieron en torno a las atribuciones ejecutivas de este órgano y, más concretamente, sobre la falta de precisión en torno al marco competencial donde debían acordarse esas funciones. Batasuna puso como condición que dicho órgano debía elaborar un Estatuto para los cuatro territorios de Hegoalde en un plazo no superior a dos años desde su constitución. Ni la primera ni la segunda imposición fue aceptada por el PNV y, mucho menos, por el PSOE-PSE.
Los otros tres puntos hacen referencia a la identidad nacional de Euskal Herria, el respeto a todos los derechos de todos los ciudadanos y, en último lugar, la incorporación de los acuerdos al marco jurídico y posterior refrendo de la ciudadanía a través de una consulta popular.
cerrado al 50% Aprobadas las bases políticas, el siguiente paso era poner a disposición del resto de fuerzas políticas el documento, como acuerdo definitivo y cerrado, al menos, en un 50%, con el fin de que le dieran el visto bueno y se pudiera dar el pistoletazo de salida al proceso de normalización política con la oficialización del preacuerdo ante la sociedad a través de un acto público que se encargó a Eusko Ikaskuntza. A continuación, la propia Sociedad de Estudios Vascos organizaría una Conferencia de Paz que acondicionaría el camino para constituir este mismo verano las dos Mesas de Partidos.
Precisamente, el segundo apartado del texto consensuado deja en evidencia una de las renuncias que asumió Batasuna: la de conformar una única Mesa de Partidos, una espinosa cuestión que fue objeto de debate durante los meses previos a las reuniones a tres bandas.
PSE-EE, PNV y Batasuna acordaron conformar dos Mesas de Partidos, una en la CAV y otra en Navarra. De hecho, una delegación del PSN-PSOE se incorporaría a partir de enero de 2007 a la comisión negociadora. También se acepta que puedan participar en el proceso agentes y movimientos sociales.
En junio se acordó celebrar la segunda parte de la citada Conferencia de Paz para dar cuenta del trabajo realizado por la presidencia. Se realizaría una Declaración para constatar que había bases suficientes para el desarrollo de las dos Mesas. Así, ambos foros políticos se constituirían en julio de 2007, tras las elecciones, y en ellos participarían los partidos, "que así lo deseen, con representación institucional suficiente". Cabe recordar que Batasuna estaba fuera de las instituciones, por lo que esta última apreciación deja en evidencia el carácter optimista de los interlocutores de cara a la legalización de la formación independentista.
Las Mesas estarían compuestas por delegaciones de partidos entre de uno y tres miembros, y la presidencia por una terna. La "fase resolutiva de diálogo" debía desarrollarse, "en ausencia de violencia", entre el presente año y 2008.
MAYORÍAS NECESARIAS Otro de los factores objeto de polémica es el sistema de mayorías para aprobar los acuerdos abordados en las Mesas de Partidos. Las delegaciones de Loiola apostaron por acuerdos por unanimidad. Cuando no fuera posible, acordaron concretar el mínimo necesario que, en cualquier caso, "deberá contar con el apoyo de las grandes tradiciones políticas del país".
De alguna manera, el preacuerdo que alcanzaron PNV, PSE y Batasuna asume los contenidos de la Mesa de Egino que apuntaban a la necesidad de garantizar acuerdos transversales o que integraran las dos sensibilidad del país.
Según el texto consensuado, los acuerdos resultantes de las Mesas de Partidos serían aprobados en los parlamentos correspondientes (vasco y navarro) y en las Cortes. Posteriormente, el acuerdo definitivo se sometería a un referéndum y se constituiría, a continuación, el Ór-gano Institucional Común.
El tercer y último apartado recoge el protocolo para la gestión del acuerdo-marco. Curioso compromiso. Es en este punto en el que las tres fuerzas políticas consensuaron la existencia de un único ejemplar del acuerdo definitivo y que fuese depositado en el Vaticano de manera oficial. Se trasladaría así a la Iglesia la custodia del documento que podía poner punto final al conflicto..
Irakurri
